
Contraloría capacita a directivos de la UNAN-Managua en el servicio de SISCODEP en línea

En cumplimiento con la Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, la Contraloría General de la República (CGR) capacitó a directivos del nivel central, centros, institutos y laboratorios de la UNAN-Managua acerca del nuevo Sistema de Registro y Control de Declaraciones Patrimoniales (SISCODEP) implementado por la entidad estatal en modalidad virtual.
La actividad inició con el análisis de dicha Ley que tiene por objeto establecer y regular el régimen de probidad de los empleados en el ejercicio de sus funciones para prevenir y corregir hechos que afecten los intereses del Estado, por acción u omisión de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y demás leyes de la República.
Según la maestra Catalina Tapia López, directora de la División de Recursos Humanos, los talleres serán replicados con el equipo de Rectorado, Decanatos y administradores para el cumplimiento de esta misión. «Tenemos que garantizar el cumplimiento con la declaración, para lo cual contaremos con el acompañamiento de un equipo técnico institucional para lograr el éxito en la gestión».
Por su parte, los licenciados Juan Carlos Su Aguilar y Juan Carlos Vallecillo, de la Dirección General Jurídica de la CGR, informaron que el sistema en línea se implementó el pasado 14 de marzo y es de fácil acceso al usuario, quien debe ingresar al sitio web de la Contraloría y posteriormente a la pestaña servicios y sistemas. Para efectuar esta tarea los funcionarios deben registrarse en el sistema, tener cuenta de correo institucional o personal y contar con servicio de internet.
De acuerdo con la Ley, quedan sujetos de sus disposiciones todos los Servidores Públicos de los Poderes del Estado de la República de Nicaragua, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados en cualquiera de sus formas, entidades autónomos, entidades de creación constitucional, gobiernos municipales y Regionales Autónomos, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional, los directores, gerentes, administradores o cualquier persona que represente al Estado en bancos e instituciones financieras, empresas y sociedades donde el Estado tenga participación.