Los antecedentes de la educación media en Nicaragua datan de 1812, año en que se decreta la constitución del Seminario de San Ramón, en León, donde se formaban los estudiantes que luego debían viajar a Guatemala para obtener los grados de bachiller, licenciado o doctor.

La fundación de la Universidad en Nicaragua, estuvo influida por las ideas ilustradas, que en el caso de esta Provincia, expresaban la aspiración por librarse de la sujeción guatemalteca. La fuerte incidencia que Guatemala demostró sobre Nicaragua llevó a los líderes de la Provincia a concebir la necesidad de empezar a crear sus propios espacios de educación superior.

Las guerras federales que afectaron también a Nicaragua no permitieron un funcionamiento normal de la Universidad, en especial con la guerra que se realizó contra el gobierno de Dionisio Herrera a partir de 1829 y que se extendió hasta 1832.

En la década del 40 del siglo XIX se fue suscitando una inquietud por mejorar el funcionamiento de la Alta Casa de estudios de León; no obstante, esto sólo aconteció hasta 1847 cuando se adoptaron los reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se instaló el Protomedicato y la Facultad de Medicina.

La fundación de la nueva Universidad en Managua se llevó a cabo en 1941 y cerró sus puertas en 1944 debido a las protestas contra los deseos de reelección de Anastasio Somoza García. Como resultado de las manifestaciones, estudiantes y profesionales fueron golpeados y arrestados, y se les aplicó un juicio posterior que los condenó a prisión y al exilio. El resultado para la Universidad de Managua fue el encarcelamiento de más de sesenta estudiantes y la destitución de catorce profesores, pero demostró ser la conciencia crítica que se enfrentó al régimen que pretendía consolidarse en el país.

La Universidad de Managua no contaba con autonomía, al igual que las de León y Granada, y dependía en gran medida del presupuesto del Estado y la dirección del Ministerio de Instrucción Pública, lo que facilitó su cierre el 28 de junio de 1944. Ante esto, toda la actividad universitaria se trasladó a León, donde acudía una población estudiantil heterogénea y cuyo núcleo no había participado directamente en los sucesos mencionados.

Posteriormente, se inicia un movimiento social de gran empuje, consolidandose en función de crear un pensamiento universitario que cuestionaba a la dictadura y la voluntad unipersonal de Somoza García por mantenerse en el poder. El actuar universitario fue la base para dar impulso a diferentes organizaciones que surgieron para plantear su propia forma de terminar con la dictadura somocista.

En los inicios de la década del 50, la Universidad Nacional era una de las pocas en América Latina que no gozaba de autonomía a pesar que desde 1918 se había levantado el “Grito de Córdoba” en Argentina por una Universidad realmente científica y universal, para sustraerla del enclaustramiento al que había sido condenada por las fuerzas conservadoras.

En 1960 la autonomía de la Universidad Nacional de Nicaragua era la más endeble de las universidades centroamericanas, ya que había sido consagrada por una decisión del poder ejecutivo, no disponiendo de garantía constitucional; su existencia estaba dada por el decreto antes mencionado. 

En su lucha por lograr la autonomía universitaria, el rector, Mariano Fiallos Gil, demandó la necesidad de que ésta estuviera respaldada por un principio constitucional y que se requería además un porcentaje del presupuesto nacional; pues al compararla con otras universidades centroamericanas, a excepción de El Salvador, la UNAN no tenía un presupuesto fijo asignado.

A partir de 1969 la autonomía se vio atacada muchas veces, siendo una de ellas cuando el Presidente de la República, General Anastasio Somoza Debayle responsabilizó a los universitarios del clima de intranquilidad, agitación y violencia que vivía la República, abriendo con esto la posibilidad de una intervención por la fuerza. Además, acusaba a las autoridades universitarias de realizar labores de subversión, usando los bienes del pueblo y escudándose en la autonomía universitaria.

El decreto de Autonomía fue discutido y aprobado por el Legislativo el 25 de marzo de 1958, escasamente dos años después de la muerte de Somoza García. Fue el momento culminante de la evolución que había practicado en tan poco tiempo el pensamiento universitario desde que se había iniciado en la década del 40 la gestión por la autonomía universitaria. Esta funcionó normalmente durante algunos meses hasta julio de 1959, cuando los estudiantes universitarios se volcaron a las calles como una forma de protesta ante sucesos políticos acaecidos en Honduras. La acción terminó con la masacre de cuatro estudiantes universitarios. Fue el primer enfrentamiento serio que aconteció entre los estudiantes universitarios y la Guardia Nacional.

Esto había sido la prueba de fuego no sólo del movimiento estudiantil sino también de la autonomía universitaria que había empezado a ejercerse el año anterior. Después de estos sucesos, la Universidad de León tuvo razones para empezar a guardar distancia respecto a la dictadura de los Somoza.

La lucha del dos por ciento del presupuesto y el movimiento estudiantil

La lucha por el 2% del presupuesto para la Universidad fue impulsada por los diferentes sectores que integraban la comunidad universitaria, ante las demandas del Rector Fiallos en las que exponía la crítica situación financiera de la Universidad y hacía una llamado a la lucha por el 2% del presupuesto nacional para poder garantizar el ejercicio de la docencia, el crecimiento de la población estudiantil y la creación de nuevos programas.

El Frente Estudiantil Revolucionario (FER), era una tendencia política que aglutinaba a un sector estudiantil, que asumía una postura ideológica en términos de acciones en función de sus políticas. Existían otras tendencias, como la social cristiana o la socialista, pero el FER contaba con mayor fuerza.

Con la construcción del Recinto Universitario Rubén Darío (RURD) en 1968, las Facultades de Economía y de Ingeniería y la Escuela de Ciencias de la Educación se trasladaron al mismo, en aproximadamente veinte pabellones en los que se incluían las oficinas administrativas, biblioteca, laboratorios, aulas y despachos de profesores.

El RURD significó un paso importante la conformación de la identidad universitaria en Managua, su desarrollo y posterior independencia respecto a León. La población universitaria de la capital representaba los dos tercios del total de la UNAN, sin embargo la mayor distribución de infraestructura y de recursos presupuestarios estaba en León.

Por otra parte, la construcción del Recinto fue una experiencia que se vivió con mucha satisfacción e intensidad; significaba el traslado a un lugar propio y que todas las Facultades estuvieran juntas. Independientemente que la sede siguiera siendo León ya se sentía la presencia física de Universidad en Managua. Se agregó a las construcciones el puente, que sería uno de los símbolos más emblemáticos del Recinto, el Auditorio Fernando Gordillo, que ya existía con ese nombre en el antiguo local de la Facultad de Ciencias Económicas, en homenaje a uno de los intelectuales más brillantes y uno de los fundadores del grupo Ventana.  

La UNAN era la segunda universidad centroamericana y una de las pocas de América Latina que contaba con un Plan de Desarrollo claramente formulado, lo que le permitía estar en mejor situación para solicitar asistencia nacional e internacional para el financiamiento de sus programas. Además era la única universidad que en Centroamérica había presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) todas las listas del equipo que sería adquirido con los fondos de un préstamo.

La UNAN-Managua fue una de las instituciones donde se reflejó de forma más palpable el influjo de la revolución triunfante. Por tradición, los estudiantes de la UNAN habían sido, como sector, elementos beligerantes en la lucha contra la Dictadura. Decir estudiante universitario en la Nicaragua de fines de los setenta era referirse a un enemigo frontal de la Dictadura.

En todo este proceso de expansión de la Educación Superior, y en particular del fortalecimiento de la UNAN, había una estrecha relación con las tareas de proyección social del gobierno sandinista que pretendían tener un impacto favorable entre la población. Muchos jóvenes se incorporaron a las tareas revolucionarias, entre ellas, la cruzada nacional de alfabetización, considerada una forma de retribuir al pueblo todo el sacrificio desplegado en la lucha contra la dictadura somocista.

La formación cultural de los obreros y campesinos constituía una de las metas primordiales del programa revolucionario. De tal forma que, al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se echó a andar el Programa de las Facultades Preparatorias tanto en León como en Managua.

Según lo planificado, los estudiantes pertenecían a todas las áreas geográficas del país, hijos de obreros, campesinos y combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su mayoría, que ingresaron como becarios en la Facultad Preparatoria del núcleo correspondiente y cursarían tantos semestres como el nivel escolar alcanzado y sus condiciones les permitieran.

El marco de efervescencia revolucionaria fue un excelente conductor de las expresiones culturales universitarias, que desde el punto de vista organizativo, descansaron tanto en las actividades promovidas por la Dirección de Cultura, como de los organismos gremiales que actuaban en la Universidad. El desarrollo de la danza, música, poesía y otras expresiones literarias, así como las expresiones de artes plásticas, tuvieron en la UNAN-Managua un verdadero caldo de cultivo y se extendieron a toda la sociedad, recogiendo el legado que habían dejado los universitarios de la década de los sesenta y setenta.

1990-1992: Inicio del conflicto e Interpretación Auténtica de la Ley 89

Desde finales de 1991 la comunidad universitaria nicaragüense inició su reclamo por el 6% y la defensa de la Autonomía, ya que el Presupuesto General de la República aprobado no se correspondía al 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios, violando el artículo 125 de la Constitución Política.

Esta lucha se enfrentó también a una gran campaña de propaganda y publicidad por parte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que pretendió engañar y manipular a la población, usando datos falsos para tratar de detener el masivo apoyo a la causa de los universitarios.

Después de movilizar a miles de nicaragüense a favor de la causa universitaria, derrotar la campaña de mentira del gobierno y presionar a los diputados, se logró la Interpretación Auténtica de la Ley 89, efectuada por la Asamblea Nacional el 19 de agosto de 1992 (que se convirtió en Ley 151, cuyo texto al mismo tiempo se incorporó a la Ley 89) dejando claramente establecido que el 6% debía calcularse y garantizarse en base al “total de ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independientemen­te del origen de dichos ingresos”.

Después de 10 meses de lucha continua de la comunidad universitaria (noviembre 1995-agosto 1996), que tuvo el saldo doloroso de dos compañeros asesinados por responsabilidad del gobierno de Violeta Barrios, el ocho de agosto de 1996, nuevamente la Asamblea Nacional dio la razón jurídica a las universidades en relación al tema del seis por ciento, al rechazar el veto presidencial que ese mismo año el gobierno había decidido y dejó en pie la Ley 218.

La firma de los acuerdos en abril de 1999 entre el gobierno y el CNU se desarrolló en el contexto de un paro de transporte, antecedido de movilizaciones y caravanas desde los barrios hacia la Asamblea Nacional. Incluyó la toma de edificios, como el que se produjo el 20 de abril al Banco Central de Nicaragua donde perdió su vida el estudiante Roberto González, de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua, tras recibir disparos de “balas de goma” por parte de la Policía Nacional.

En los años 1999-2000 –después de la última crisis entre el gobierno y las universidades, se produjo una relativa normalidad luego de la firma de un acuerdo en que, aunque no se cumplía con el monto completo del 6% (y las universidades no renunciaban a lo establecido constitucionalmente), se establecieron mecanismos para completarlo por la vía de la gestión de recursos externos. Con ello las Universidades contribuían de manera constructiva a la estabilidad nacional y a su propia estabilidad, como premisa necesaria para profundizar su desarrollo institucional, a la cual las universidades se abocan.

Ante el incumplimiento jurídico y legal del 6%, en 2001 el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán pretendió vulnerar otro derecho de las universidades públicas, consistente en la exoneración del pago de los servicios públicos, particularmente la electricidad. La movilización y defensa de los derechos de los universitarios evitó que se concretizara tal propósito. Sin embargo, dos años después de haberse firmado el acuerdo gobierno-universidades, de nuevo volvió a la discusión el tema del presupuesto universitario para las universidades de servicio público a finales del año 2001.

El diputado liberal Noel Ramírez, desempolvó la vieja propuesta de asignar directamente el presupuesto de la República a los estudiantes, como que si el actual no se destinara directamente a los casi 62 mil estudiantes universitarios que de las universidades financiadas por el Estado en ese año.

El gobierno de Enrique Bolaños tampoco cumplió con el 6%, al pretender asignar solamente 670 millones cuando el 6% real era para ese año era de 814.5 millones de córdobas (134.5 millones menos) y al final se asignó solamente 721 millones de córdobas (equivalente al 5.15%) y ese monto se alcanzó luego de un esfuerzo de movilización de la comunidad universitaria y de consenso forjado en la Asamblea Nacional.

La comunidad se ha movilizado pacíficamente y de manera activa desde finales del año 2003 hasta 2006. Durante el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha respetado el presupuesto constitucional para las universidades públicas, por lo que la actividad universitaria se ha concentrado en las labores académicas, investigativas y de extensión social y cultural.