Legislación y Partidos Políticos

Los partidos políticos representan una organización constituida antes de ser pensada, no poseen un padre fundador igual que Rousseau o Montesquieu para la democracia, sin embargo sus orígenes se desarrollan en Europa a partir de la Revolución Francesa, marcando su inicio las reuniones por afinidades regionales de los diputados bretones en un monasterio de frailes dominicos en París. Esta misma particularidad, provocó que dicha agrupación (Jacobinos) ocupase el lado izquierdo de la Asamblea Constituyente, defendiendo las ideas republicanas y el sufragio universal, dando así nacimiento a la denominación izquierda derecha, visto que los defensores de los privilegios monárquicos, se adueñaron de los curules del lado derecho de la Constituyente.
Esa simbología que marcará las tendencias ideológicas, fruto de un asunto meramente casual, va también a marcar a la organización política definida como partido, manteniéndose por largo tiempo fuera de la teoría constitucional. Desde un comienzo el partido fue visto como un fenómeno de división nacional, porque la única política que concebían los Estados era la política exterior, (Jean Charlot, Les Partis Politiques, 1971) se les trataba como un elemento extranjero incompatible con el cuerpo constitucional.

I). El Reconocimiento.

Algunos politólogos subrayan que después de 1945 les fue concedido cierto reconocimiento, al admitirse el fenómeno de los partidos, previendo y organizando su intervención en el seno del poder político, asignándole además una misión en el plano de principios. Este enunciado queda claro en la Constitución italiana de 1947, en la que se reconoce que los ciudadanos tienen derecho a asociarse en partidos para participar en la política nacional; el mismo fenómeno es reconocido por la Constitución de la RFA en 1949, en la que se establece que, “los partidos cooperan en la formación de la voluntad política del pueblo”. La Constitución francesa de 1958, será nuestro último ejemplo, para demostrar esta primera iniciativa jurídica que reconoce a la organización partidaria, en su artículo 4, formula: “los partidos y las agrupaciones políticas facilitan la expresión del sufragio y deben respetar el principio de la soberanía nacional y de la democracia”.

II). La Codificación.

Si partimos del principio que el Derecho Constitucional no ha reconocido los partidos como un elemento del cuerpo del Estado, pero que si se les considera como agentes que van de la mano del fenómeno democrático y del sufragio universal, se justifica que algunos países consideren importante crear un principio de ley relacionados con esta organización. Estas normas pueden estar codificadas con un máximo de libertades o con un mínimo de reglamentación como en Francia, cuyo estatus jurídico está basado en la Ley de 1909, creada para proteger la creación de organizaciones sin fines de lucro, que rige toda clase de asociaciones sin hacer distinción con los partidos políticos.

El caso contrario sería el español, cuya Ley Orgánica del año 2002 regula la creación, la organización, su funcionamiento, actividades, disolución y finanzas. Se trata de una reglamentación que no solamente regula la actividad de los partidos existentes, sino los que pudiesen existir en el futuro, similares a aquellos sancionados por no estar de acuerdo con el sistema. Se regula en los estatutos la denominación, siglas, el sitio Web, dirección electrónica y los temas relacionados con la forma de afiliación. Se trata de una legislación verdaderamente invasiva, con la finalidad de mantener un control jurídico sobre los regímenes autonómicos, regulando hasta los componentes de las listas electorales.

III). Conclusiones.

La ley de partidos políticos, en Nicaragua, debería conceder libertad a la organización en cuento a su ordenación interior, tanto al nivel de sus estatutos, como de sus objetivos y forma de organización, el Estado debe simplemente controlar como en otros países, su compatibilidad con la organización estatal y la independencia nacional, el resto debería ser reglamentado en el marco de los principios generales del derecho, es decir velar por lo licito de sus objetivos, y regular su responsabilidad como institución. El Tribunal Constitucional francés, en algunas ocasiones ha hecho marcha atrás, en la poca reglamentación sobre la actividad de los partidos, estableciendo que el procedimiento de la ley era anticonstitucional, porque la adquisición de la personería jurídica de las asociaciones no podía subordinarse al control previo de la autoridad judicial, considerándose tal actuación contraria al principio de derecho de asociación. Un mínimo de control no contradice las Normas del Derecho.

Samuel Madrigal Fornos.
Dr. En Diplomacia y Ciencias Políticas por la Universidad de Paris X Nanterre, 1988
Dr. En Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, 1995
Profesor Investigador de la UNAN-Managua.

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