Reseña Histórica

La lucha por el 6%

1990-1992: Inicio del conflicto e Interpretación Auténtica de la Ley 89

Desde finales de 1991 la comunidad universitaria nicaragüense inició su reclamo por el 6% y la defensa de la Autonomía, ya que el Presupuesto General de la República aprobado no se correspondía al 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios, violando el artículo 125 de la Constitución Política.

Esta lucha se enfrentó también a una gran campaña de propaganda y publicidad por parte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que pretendió engañar y manipular a la población, usando datos falsos para tratar de detener el masivo apoyo a la causa de los universitarios.

Después de movilizar a miles de nicaragüense a favor de la causa universitaria, derrotar la campaña de mentira del gobierno y presionar a los diputados, se logró la Interpretación Auténtica de la Ley 89, efectuada por la Asamblea Nacional el 19 de agosto de 1992 (que se convirtió en Ley 151, cuyo texto al mismo tiempo se incorporó a la Ley 89) dejando claramente establecido que el 6% debía calcularse y garantizarse en base al “total de ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independientemen­te del origen de dichos ingresos”.

Después de 10 meses de lucha continua de la comunidad universitaria (noviembre 1995-agosto1996), que tuvo el saldo doloroso de dos compañeros asesinados por responsabilidad del gobierno de Violeta Barrios, el ocho de agosto de 1996, nuevamente la Asamblea Nacional dio la razón jurídica a las universidades en relación al tema del seis por ciento, al rechazar el veto presidencial que ese mismo año el gobierno había decidido y dejó en pie la Ley 218.

La firma de los acuerdos en abril de 1999 entre el gobierno y el CNU se desarrolló en el contexto de un paro de transporte, antecedido de movilizaciones y caravanas desde los barrios hacia la Asamblea Nacional. Incluyó la toma de edificios, como el que se produjo el 20 de abril al Banco Central de Nicaragua donde perdió su vida el estudiante Roberto González, de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua, tras recibir disparos de “balas de goma” por parte de la Policía Nacional.

En los años 1999-2000 –después de la última crisis entre el gobierno y las universidades, se produjo una relativa normalidad luego de la firma de un acuerdo en que, aunque no se cumplía con el monto completo del 6% (y las universidades no renunciaban a lo establecido constitucionalmente), se establecieron mecanismos para completarlo por la vía de la gestión de recursos externos. Con ello las Universidades contribuían de manera constructiva a la estabilidad nacional y a su propia estabilidad, como premisa necesaria para profundizar su desarrollo institucional, a la cual las universidades se abocan.

Ante el incumplimiento jurídico y legal del 6%, en 2001 el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán pretendió vulnerar otro derecho de las universidades públicas, consistente en la exoneración del pago de los servicios públicos, particularmente la electricidad. La movilización y defensa de los derechos de los universitarios evitó que se concretizara tal propósito. Sin embargo, dos años después de haberse firmado el acuerdo gobierno-universidades, de nuevo volvió a la discusión el tema del presupuesto universitario para las universidades de servicio público a finales del año 2001.

El diputado liberal Noel Ramírez, desempolvó la vieja propuesta de asignar directamente el presupuesto de la República a los estudiantes, como que si el actual no se destinara directamente a los casi 62 mil estudiantes universitarios que de las universidades financiadas por el Estado en ese año.

El gobierno de Enrique Bolaños tampoco cumplió con el 6%, al pretender asignar solamente 670 millones cuando el 6% real era para ese año era de 814.5 millones de córdobas (134.5 millones menos) y al final se asignó solamente 721 millones de córdobas (equivalente al 5.15%) y ese monto se alcanzó luego de un esfuerzo de movilización de la comunidad universitaria y de consenso forjado en la Asamblea Nacional.

La comunidad se ha movilizado pacíficamente y de manera activa desde finales del año 2003 hasta 2006. Durante el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha respetado el presupuesto constitucional para las universidades públicas, por lo que la actividad universitaria se ha concentrado en las labores académicas, investigativas y de extensión social y cultural.

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